El consorcio Grupo Vía Central, responsable de la construcción del Ferrocarril Central, ha anunciado que ha iniciado un proceso de arbitraje internacional contra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) debido al incumplimiento de pagos acordados desde diciembre de 2023, lo que ha dejado al proyecto en una situación financiera insostenible.
Según reportó El País, recientemente representantes de la empresa se reunieron con el presidente Luis Lacalle Pou para reclamar el pago de alrededor de 160 millones de dólares, monto correspondiente a los trabajos ya realizados.
En un comunicado, el consorcio destacó que el Ferrocarril Central es el proyecto de infraestructura más grande y relevante de Uruguay, con una inversión aproximada de 1.500 millones de dólares. La nueva vía ferroviaria comenzó a operar en noviembre de 2023, permitiendo el transporte de mercancías desde Paso de los Toros hasta el Puerto de Montevideo.
A lo largo de la ejecución de la obra, Grupo Vía Central señaló que ha enfrentado diversos obstáculos, como retrasos en las expropiaciones, efectos de la pandemia de COVID-19, aumentos de costos debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, inundaciones en marzo de 2024 y actos de vandalismo. A pesar de estas dificultades, el consorcio ha trabajado de manera conjunta con el gobierno para renegociar y ajustar los términos del contrato.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados y el éxito alcanzado con la finalización de la nueva infraestructura ferroviaria, el consorcio denunció que el gobierno ha incumplido sus obligaciones financieras. Desde el 24 de diciembre de 2023, no han recibido los pagos acordados, lo que ha generado una crisis financiera que amenaza con afectar la continuidad del proyecto.
Después de agotar las instancias de negociación y mediación, Grupo Vía Central ha optado por recurrir al arbitraje internacional, como lo estipula el contrato. El proceso se llevará a cabo bajo las normas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
El MTOP tiene un plazo de 30 días para designar un tribunal arbitral, compuesto por tres árbitros, quienes deberán resolver el conflicto conforme a lo que establece el Código General del Proceso.
